Fotografía: Agencia EFE
Diversos sectores guatemaltecos exigieron hoy al Congreso dar marcha atrás con las reformas aprobadas que eximen de toda responsabilidad penal por la financiación electoral a los secretarios generales de los partidos políticos.
Al grito de "fuera corruptos", un centenar de personas, entre estudiantes universitarios y de organizaciones sociales, se manifestaron en las afueras del Organismo Legislativo para que los diputados retrocedan en su decisión.
"No descansaremos hasta verlos presos a toda esa mafia dentro delCongreso", aseguró a Acan-Efe un estudiante de la privada Universidad Landívar, mientras otros alumnos de la estatal Universidad de San Carlos (Usac) secundaban su consigna.
En una de las entradas al recinto del Palacio Legislativo, diversas personas colocaron una corona de flores y claveles rojos en señal de protesta por las acciones de los legisladores.
"No queremos más impunidad", coinciden la mayoría de pancartas de los manifestantes que llevaron pitos, vuvuzelas y banderas azul y blanco.
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La abogada y ex subprocuradora de Derechos Humanos, Hilda Morales, dijo a Acan-Efe que "nunca se había visto tanto descaro para promover la impunidad" por la celeridad que se aprobaron las reformas.
El Congreso aprobó ayer de "urgencia nacional" dos reformas al Código Penal, una que exime a los dirigentes de los partidos políticos de la financiación electoral ilícita, cuya responsabilidad recaerá en los contadores de las organizaciones.
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La otra es la ampliación hasta 10 años de la conmutación de penas para reos que sean condenados que van desde delitos de robo y hurto,
hasta la pornografía infantil.
En un mensaje a la nación, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, reconoció que no le han enviado esas reformas y que cuando le lleguen hará un análisis jurídico y que hará uso del derecho al veto si considera que son "nocivas".
El jefe del bloque de la opositora Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Orlando Blanco, dijo a periodistas que su máxima dirigente, Sandra Torres, les ha pedido que "rectifiquen" la decisión.
Mientras, varias instituciones, entre ellas la Procuraduría de Derechos Humanos y Acción Ciudadana (AC), que vela por la transparencia en Guatemala, recurrieron en amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país, para revertir la decisión del Congreso.